Cuando los habitantes de Jean Lafitte, en la sudoriental Louisiana, se enteraron de la explosión de la plataforma de British Petroleum (BP), el alcalde Tim Kerner alentó a todos a unírsele para limpiar las aguas del Golfo de México.
Fue lo único que se le ocurrió para impedir que el crudo destruyera su comunidad, cuyos integrantes trabajaron día y noche a tal fin.
Ahora, un año después de que BP se las arregló para tapar el pozo que terminó vertiendo el equivalente a cinco millones de barriles de petróleo en el Golfo de México,
la mayoría de esas personas están enfermas.
la mayoría de esas personas están enfermas.
“Temo que mis vecinos vengan y me digan: ‘No te habría escuchado y seguido con mi tarea si hubiera sabido que eso me mataría’”, dijo Kerner.
Su historia fue una de las muchas compartidas por Kerry Kennedy, presidenta del Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights (Centro Robert F. Keneddy para la Justicia y los Derechos Humanos), en una conferencia realizada el 27 de julio, el día después de que lideró una delegación a la costa del golfo para evaluar el alcance de la crisis sanitaria causada por el derrame.
“Los residentes (de la zona) están enfermos. Desconocen la causa exacta de su enfermedad, pero como nunca sufrieron de esta manera antes del derrame y todos participaron en la limpieza con sus botes de pesca, sospechan que esto tiene algo que ver con las toxinas”, dijo Kennedy en entrevista.
El crudo comenzó a diseminarse el 20 de abril de 2010, cuando la plataforma de exploración Deepwater Horizon, que BP arrendaba a la firma suiza Transocean, sufrió una explosión y, dos días después, se hundió. Sólo en julio de ese año pudo detenerse el derrame.
Según Anne Rolfes, directora fundadora de la ambientalista Louisiana Bucket Brigade, casi 75 por ciento de quienes creen que estuvieron en contacto con el crudo o el dispersante dijeron haber experimentado síntomas que se corresponden con la exposición química.
La organización de Rolfes se asoció con la Academia de Liderazgo frente a Desastres de la Universidad de Tulane para llevar a cabo una investigación de la población que vive en las comunidades impactadas.
“Tos, irritación respiratoria y ocular fueron los (síntomas) más comunes”, nos dijo Rolfes.
Los consultados “describieron que los síntomas aparecieron y desaparecieron repentinamente, y eso sería consistente con una especie de ola de exposición química, aun cuando tomemos en cuenta aspectos como las alergias”, agregó.
Pero Kennedy dice que los médicos de la zona no están seguros de vincular los síntomas de sus pacientes con el petróleo.
“No tienen la pericia necesaria para hacer un diagnóstico en toxicología, no saben cómo tratar ese diagnóstico, y si intentan tratarlo corren el riesgo de perder sus licencias médicas”, afirmó.
“Y en una región predominantemente rural donde la mayoría de los pacientes son trabajadores independientes y no tienen ningún seguro, los centros de atención a la salud están demasiado lejos y el acceso a expertos en toxicología es casi imposible”, dijo.
Aun cuando los conocimientos estén disponibles, “pocos pueden pagar los costosos análisis y medicinas necesarias para tratar un envenenamiento”, continuó.
En esa ocasión, los colegas de Kennedy expresaron sus esperanzas de que el Congreso (legislativo) preserve el financiamiento de una red de “centros de excelencia” en materia de salud.
El reclamo resulta oportuno, cuando el debate sobre el presupuesto sacude a la sede parlamentaria con llamados a recortar los fondos de programas cruciales para las víctimas pobres del derrame petrolero que ahora tienen nuevas preocupaciones en materia de salud.
“Pensamos que es una crisis seria, y el gobierno federal tiene que aferrarse a esto de un modo más agresivo y brindar los medios para asegurarse de que los cientos de miles de personas afectadas por el derrame tengan cobertura de salud”, enfatizó Philip Johnston, presidente de la directiva del RFK Center.
Hubo poca mención a BP y a sus socios, quienes, enfrentando las posibles ramificaciones legales del desastre, se comprometieron a crear un fondo de compensación de 20 mil millones de dólares para ayudar a los perjudicados por el derrame.
A comienzos de julio, el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, informó a Kenneth Feinberg —designado para administrar las demandas relacionadas con BP— que el Departamento de Justicia iniciaría una auditoría independiente en base a críticas a la transparencia del proceso seguido por Feinberg.
Un informe presentado el 25 de julio dijo que el proceso era un “fracaso abyecto”, y citó que hasta ahora el fondo pagó apenas 16 por ciento de las demandas presentadas.
Un estudio llevado a cabo por Advocates for Environmental Human Rights (AEHR, cabilderos por los derechos humanos ambientales) reportó discrepancias en el modo como Feinberg administró los reclamos de fondos de desastres previos que se pagaron con dinero de contribuyentes —como el caso del 11 de septiembre de 2001— y los reclamos del Fondo de Compensación del Derrame Petrolero de BP, cuyos pagos se derivan de la propia alcancía de BP.
“Concluimos que en desastres anteriores quienes presentaron reclamos no tuvieron que mostrar pruebas de causalidad. Todo lo que tuvieron que hacer fue decir que estaban enfermos” y que estaban en ese lugar, nos dijo Michele Roberts, coordinador de campañas y políticas de AEHR.
